LA LEY: ¿SOBERANÍA O ATADURA?

Por Pablo González
Lic. en Filosofía

 

            Una situación muy condescendiente es la que se vive en el Paraguay. Muy condescendiente en cuanto que se acepta y se prioriza el amiguismo, el nepotismo y la corrupción.

El Paraguay está regido por sus leyes y exige a  los ciudadanos el cumplimiento de las mismas. Es el contexto de democracia que favorece al sector más sublime y poderoso y deja de lado al sector más marginado y mísero.

Mi objetivo principal es ver, analizar, estudiar en que medida se cumplen estas leyes sancionadas y promulgadas en la Constitución Nacional y, como se ven beneficiados algunos sectores; y perjudicados, otros, de la forma más burda y cruel . Para ello, sólo tomaré algunos puntos esenciales que hacen alusión las condiciones reales de la observación, el control y los castigos que se imponen, si existen disentidores y/o desertores del sistema. Busca  principalmente prender las luces en aquellas partes más obscuras y ver realmente aquello que hay  ante nuestros ojos: pues una cosa es lo que está escrito y otra, la realidad.

En el sistema dialéctico hegeliano, uno de los momentos en el espíritu objetivo, dentro del derecho, la antítesis del mismo es la ofensa. Esta es el hecho de incumplir, restringir e infringir la ley; por ende, este trae consigo el castigo que implica una condena que es o debe ser la restitución de la libertad perdida con la ofensa.

Algo real y concreto es el sistema de derecho que implementan los gobiernos de los países en pos del bienestar y la tranquilidad de los ciudadanos de esa república.

El derecho es un sistema universal, ideal, abstracto que puede, tiene y debe ser aplicado en el estado, por y para sí. Cualquier ruptura del mismo tiene que ser sancionado y condenado, no la persona, pero si el hecho que condujo a la persona a esa ruptura. Y por cuanto a la persona se refiere, debe devolvérsele la libertad que ha perdido, pues esa desavenencia trae consigo la pérdida de libertad que de por sí la persona la ha roto.

Esto significa que cualquier sanción, pena, condena o castigo supone una oportunidad, una reapertura, una rehabilitación y una devolución de libertad, y no un castigo por el castigo, sino con intención de reposición de aquella libertad que había perdido.

 Ante esta propuesta o filosofía, surge en mi unas cuantas preguntas: ¿Será que este sistema propuesto por Hegel pueda ser aplicada a nuestra realidad? ¿Qué sistema de derecho tenemos? Y este sistema, ¿Es equitativo para todos los ciudadanos? ¿Y será que el castigo ante la ofensa es restitutiva de libertad o  más bien, busca la destrucción, la ruina de la persona en las penitenciarías?

El sistema de derecho en el Paraguay es el sistema constitucional, es decir, las leyes son propuestas, sancionadas y promulgadas por los representantes del estado paraguayo en una Convención Nacional Constituyente.

Pero este sistema de derecho, ¿Será que realmente es el más adecuado? Siendo adecuado o no, es el sistema de derecho paraguayo. Es un sistema, que  mientras los ciudadanos sean ciegos, sordos y mudos, y los gobernantes sean ladrones, usurpadores, corruptos, usureros y aprovechadores, es parcialista.

En la medida en que se pretenda cambiar y mejorar una constitución, reemplazar y promulgar una nueva ley, vendrán las oposiciones y el rechazo o la aceptación  de tal o cual ley que favorezca las intenciones burdas y aprovechadoras de los representantes supuestamente elegidos por los mismos ciudadanos.

Hegel propone un estado de derecho  libre y soberano, en el que la igualdad de condiciones, el respeto de la libertad y la dignidad de las personas, sean las prioritarias y que esos derechos sean usados por todos en la misma medida.

El hombre es un ser que conoce y se apropia de las cosas. En la medida que se va apropiando de las mismas, se va dando cuenta de que puede hacer esto y no aquello; tomar esta cosa y no aquella; y también se da cuenta de que los otros pueden hacer lo mismo y que ellos no pueden ser tomados como objetos, ni estos pueden tomarle a él como tal, y que deben ser respetados en su integridad y dignidad.

Si existen beneficiados deben haber benefactores y perjudicados. Es decir, aquellos que son favorecidos por penas  o condenas, y los que son perjudicados con las mismas condenas de los condenadores.

Hegel establece y pone énfasis en tres formas de infringir la ley y que merecen ser restituidas y normalizadas:

1. Ingenua: es aquel que comete un hecho delictivo creyendo que está haciendo el bien y que, sin embargo, está mal.
2. Fraude: es hacer un mal conscientemente bajo el aspecto legal, es decir, valerse de  la ley para protegerse y demostrar el hecho como legal. Es intencionado, y se usa el derecho bajo el subjetivismo y se interpreta el mismo de una manera inadecuada, incorrecta y errada.
3. Delito: se viola la ley abierta y conscientemente, sin tener en cuenta los derechos de los demás y las consecuencias de esa violación.

Estas formas de transgredir las leyes merecen un castigo que supone la rehabilitación del condenado y debe ser impartido en forma equitativo, de igual manera para todos.

En el artículo 46, del capítulo III de la Constitución Nacional que se refiere a la igualdad entre las personas, promulga: “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derecho. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.

En el artículo 47, del mismo capítulo y de la misma constitución, declara: “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República:

1. La igualdad para el acceso a la justicia a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen;
2. La igualdad ante las leyes;
3. La igualdad para el acceso a las funciones públicas no electas sin más requisitos que la idoneidad; y
4. La igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”.

Teniendo en cuenta estas leyes promulgadas y sancionadas por la Constitución Nacional me interrogo: ¿En qué  medida puede haber inequidad, si la constitución no la promueve? ¿Cómo puede existir perjudicados, marginados, si  la constitución suscita la igualdad de condiciones entre todos?

Hegel respondería, en este caso, que existe el derecho que es universal, abstracto e ideal, pero el que la imparte es un ser humano que posee una moralidad. Este es el juez interior que cada uno tiene.

Con esta afirmación queremos afirmar que la culpabilidad recae y compete exclusivamente a los gobernantes y responsables de juzgar, que son los garantes de impartir una  justicia equitativa para todos. Compete al Estado y los representantes, que deben conducir al país hacia el desarrollo y progreso, que mejore la calidad de vida y garantice la misma. Este es el Estado que debe y tiene que responder por la igualdad de oportunidades y condiciones para todos los ciudadanos.

Sin embargo, estos representantes nuestros en el poder están ahí por el poder, manejados por el deseo de la ambición y la vanagloria, y no por anhelo de conseguir una patria justa e igualitaria. No tienen conciencia moral para juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Aunque Hegel diría que tienen la conciencia moral distorsionada y tergiversada por la  avaricia y la codicia de poder por y para sí, pues esta misma conciencia es la que ordena  hacer tantas crueldades bajo la forma del bien. Y esta la primera forma de ofensa.

A pesar de lo resaltado en el párrafo anterior, no es la forma más común de transgredir las leyes. Las más  frecuentes y habituales  son el fraude y el delito. Así realizar una actividad o hecho ilícito bajo los aspectos más formales y legales, pues se hace entender que el crimen que se está haciendo es correcto, natural, lógico y legal. Y por otro lado, se comete un montón de iniquidades, crueldades y crímenes contra el pueblo paraguayo sin necesidad de esconder ni de legalizar, pues se sabe que pagando o tranzando se puede conseguir todo en nuestro país.

Ocurre de todo en nuestro país. Los pobres son los separados, degradados y rechazados por el estado; no pueden requerir el cumplimiento y, mucho menos, defender sus derechos porque no lo tienen o no poseen las condiciones mínimas para pretenderlas. Los ricos son los amparados por las leyes. Tienen plata, poder, leyes a su favor. Pueden pagar y consiguen lo que quieren.

Si existe un robo, el culpable es aquel miserable que no tenía que comer y tuvo que acudir a un último recurso. Sin embargo, es castigado y condenado por el rigor máximo de la ley. Si existe robo de millones y millones, no hay culpables, o si las hay son “buscados” pero no encontrados, o por si desgracia caen, tienen el derecho  a pedir penas sustituvas, como pagar fianza o solicitar prisión domiciliaria.

Me pregunto: ¿De qué libertad se habla si no se puede pedir, denunciar y mucho menos, defender nuestros derechos? ¿De qué igualdad se habla, si existen personas muriendo de hambre, y otros, ofrecen manjares y banquetes porque es el día de su santo? ¿De qué igualdad se puede hablar, si en la cárcel hay inocentes muriendo y otros que son culpables sin tener condena, y otros, están afuera bajo el camuflaje de pena sustitutiva, de la  prisión domiciliaria, merodeando y vagabundeando repitiendo las mismas hazañas cometidas anteriormente?

¿De qué igualdad de oportunidades se puede hablar, si existen barrios enteros marginados  por el gobierno, y existen otros que viven en barrios cerrados, con mansiones de lujo, con seguridad  y otros servicios incluidos? ¿De qué garantías se habla, si enfrente del propio palacio legislativo y detrás del palacio del gobierno, está el cordón de pobreza, en donde se ve el más claro ejemplo de inequidad y marginalidad? ¿De qué igualdad ante las leyes se puede hablar, si dentro del palacio de justicia lo primero que se mira es el aspecto de las personas y revisar sus bolsillos?

Existen los más favorecidos por estas leyes, pues cuentan con todas las condiciones, no necesarias, para acceder a los derechos y que son los ricos.  Existen los desfavorecidos, por el simple hecho de no tener la oportunidad y están olvidados dentro y fuera de la ciudad.

            No habrá cambios si no se plantea una nueva constitución, en que aparte de hablar de los derechos de los poderosos y la obligación de los pobres, hable también del derecho de los pobres y la obligación de los poderosos.

La forma de gobierno adoptada por nuestro país, es la democracia. Democracia significa ser parte el pueblo de las decisiones tomadas y ser todos propulsores de un país equitativo, digno y libre. Democracia es dar oportunidad a todos de decidir y vivir su libertad.

El artículo primero de la forma del estado y de gobierno, de las declaraciones fundamentales de la Constitución Nacional aclara que “la República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”.

Esta es la forma de gobierno en los papeles, pero en la realidad es otra cosa: paraguayos que no tienen educación, salud, trabajo. Cada día hay miles y miles de compatriotas asentados en las plazas  luchando para conseguir tierras para sus cultivos, educación para sus hijos, techo para sus familias. Entonces me pregunto: ¿Son necesarias las protestas, cuando la democracia propone el reconocimiento de la dignidad humana? Una vida digna significa tener casa, trabajo, salud, educación para todos. 

Todos los ciudadanos del Paraguay tienen derecho a vivir en país que les otorgue la libertad y las condiciones y oportunidades para vivir esta libertad y así vivir dignamente. En caso contrario, se tiene el derecho de reclamar, requerir, presionar al estado para otorgarles esas condiciones y oportunidades de realizarse como seres humanos.